La masonería en España: del siglo XVIII a hoy
Por Marcos Vera Pérez«Masonería en España» y «masones famosos españoles» están entre las búsquedas más constantes del país sobre este asunto. Y lo que uno encuentra suele ser o una hagiografía o un panfleto. Vamos a contarlo como historia: qué pasó, cuándo y con qué consecuencias.
La entrada: siglo XVIII
La masonería llega a España en la primera mitad del siglo XVIII, poco después de fundarse la Gran Logia de Londres en 1717, y llega de la mano de extranjeros: comerciantes, diplomáticos, militares. Es un fenómeno pequeño, urbano y portuario.
Choca de frente con dos instituciones a la vez. Roma la condena en 1738 con la bula In eminenti apostolatus specula de Clemente XII, y la monarquía la prohíbe: Fernando VI la declara ilegal en 1751. Durante décadas la masonería española es poco más que un rumor perseguido.
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El siglo XIX: el siglo de la polémica
Es en el XIX cuando se convierte en un actor real. La Guerra de la Independencia trae logias con los ejércitos, y a partir de ahí la masonería española queda asociada al liberalismo, al progresismo y a los proyectos de reforma anticlerical. El Sexenio Democrático (1868-1874) es su momento de mayor expansión pública.
Y ese es exactamente el escenario en el que se escribe el libro que hemos reeditado. Félix Sardá y Salvany (Sabadell, 1844-1916), sacerdote, director durante más de cuarenta años de La Revista Popular y el polemista católico más leído de la España de su tiempo, publica El liberalismo es pecado en 1884 —el mismo año que Humanum genus— y, en esa misma etapa, Masonismo y Catolicismo.
Leer hoy ese libro es leer un documento de primera mano de aquella batalla, escrito por alguien que la estaba librando.
La Segunda República
Entre 1931 y 1936 la masonería española alcanza su máxima presencia institucional. Varios ministros y diputados pertenecen a logias, y buena parte de la agenda legislativa del primer bienio —matrimonio civil, divorcio, secularización de cementerios, retirada de la enseñanza religiosa de las escuelas, disolución de la Compañía de Jesús— coincide punto por punto con el programa que las obediencias venían defendiendo desde el siglo anterior.
Esa coincidencia está documentada y es la razón por la que el asunto ocupa el lugar que ocupa en la memoria española. Conviene, eso sí, manejar los nombres con rigor: cuenta lo que consta en registros de logia o lo reconocido por el interesado, no las atribuciones de segunda mano.
La guerra y la posguerra
La persecución religiosa de 1936-1939 en la zona republicana costó la vida a trece obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas —unas 6.832 víctimas del clero, según el recuento de Antonio Montero Moreno—, y el 1 de julio de 1937 el episcopado español publicó la Carta colectiva, firmada por el cardenal Gomá, explicando al mundo lo que estaba ocurriendo.
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En ese contexto se promulga la Ley del 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo, que convierte la pertenencia en delito, crea un Tribunal Especial y obliga a los afiliados a presentar en dos meses una declaración-retractación acompañada de profesión de fe católica. El tribunal funcionó hasta 1963.
Hoy
La masonería volvió a ser legal en España con la Constitución de 1978 y el derecho de asociación. Las obediencias actuales —la Gran Logia de España, el Gran Oriente de España, la Federación Española de Le Droit Humain, que admite a mujeres— son organizaciones registradas, con sedes conocidas y presencia pública. Sus cifras son modestas: unos pocos miles de miembros en todo el país, muy lejos de los relatos que las presentan gobernando algo.
Dónde están las fuentes
Es lo que más se busca y donde más bulos hay, así que conviene el criterio antes que la lista: solo cuenta lo que está documentado en registros de logia o reconocido por el interesado. Nada de atribuciones póstumas ni listas anónimas.
Con ese filtro, la masonería española del XIX y de la Restauración incluyó a políticos del liberalismo y del republicanismo, militares, periodistas y hombres de letras; la de la República, a cargos públicos de primera fila. Los expedientes concretos se conservan en el Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca, que custodia la documentación masónica incautada: es, de largo, la mayor fuente para la historia de la masonería española y la razón de que este país tenga sobre el tema un archivo que pocos tienen.
Qué queda de todo esto
Que en España la masonería no es un asunto abstracto: está entretejida con doscientos años de historia política, y por eso la conversación se carga enseguida.
Y algo más importante: la objeción católica es anterior a todo eso y sobrevive a todo eso. Es de 1738, cuando en España la masonería apenas existía, y sigue vigente en la nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del 13 de noviembre de 2023. No depende de ninguna época, de ninguna guerra y de ninguna ley: es doctrinal.
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1738 y 1751: por qué las dos prohibiciones llegaron tan seguidas
Conviene detenerse en esas dos fechas, porque explican el marco jurídico en el que vivió la masonería española durante todo el Antiguo Régimen.
La condena romana llega primero. El 28 de abril de 1738, Clemente XII publica In eminenti apostolatus specula, la primera condena pontificia de la masonería, apenas veintiún años después de que se fundara la Gran Logia de Londres. Trece años más tarde, el 18 de marzo de 1751, Benedicto XIV la confirma y la reproduce entera en Providas Romanorum, cerrando la puerta a quienes sostenían que la condena de su predecesor había caducado con él.
Y ese mismo año de 1751, Fernando VI la prohíbe en España por real decreto. No es casualidad: en la monarquía confesional española, la condena eclesiástica y la prohibición civil funcionaban engranadas, y el rey hizo suya por vía de ley lo que Roma acababa de reafirmar por vía doctrinal.
La consecuencia práctica duró más de un siglo: hasta el Sexenio, pertenecer a una logia en España no era una opción discutible, era un delito. De ahí que la masonería española del XVIII sea tan difícil de documentar y tan fácil de exagerar: casi todo lo que sabemos de ella viene de procesos judiciales, es decir, de las que fueron descubiertas.
El Archivo de Salamanca: dónde está la documentación de verdad
Ésta es la parte que casi nunca se cuenta, y es la que separa una conversación seria de un intercambio de rumores.
Al terminar la guerra, el Estado incautó los archivos de las logias españolas —actas, listas de afiliados, correspondencia, mandiles, mobiliario ritual— y los concentró en Salamanca. Esa documentación, reunida originalmente para perseguir, se conserva hoy en el Centro Documental de la Memoria Histórica, heredero del antiguo Archivo General de la Guerra Civil Española, y es de consulta pública.
La paradoja es notable: España tiene sobre la masonería un archivo que pocos países tienen, y lo tiene precisamente por haberla perseguido. Cualquiera que quiera saber si tal o cual personaje estuvo afiliado no necesita creer a nadie: tiene que ir ahí, o a la bibliografía que ha trabajado ahí.
De eso se sigue el criterio que debería gobernar toda esta conversación y que casi nunca se respeta: solo cuenta lo que consta en un registro de logia o lo que el interesado reconoció. Ni atribuciones póstumas, ni listas anónimas que circulan por internet, ni deducciones a partir de un apretón de manos en una fotografía. Lo demás es exactamente el terreno en el que prosperó el fraude de Léo Taxil.
Preguntas frecuentes sobre la masonería en España
¿Cuándo llegó la masonería a España?
En la primera mitad del siglo XVIII, poco después de fundarse la Gran Logia de Londres en 1717, y de la mano de extranjeros: comerciantes, diplomáticos y militares. Fue un fenómeno pequeño, urbano y portuario.
¿Cuándo se prohibió la masonería en España?
Fernando VI la prohibió por real decreto en 1751, el mismo año en que Benedicto XIV confirmó con Providas Romanorum la condena que Clemente XII había dictado en 1738. La prohibición civil se mantuvo, con altibajos, hasta el Sexenio Democrático.
¿Qué fue la ley de 1940?
La Ley del 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo, que convirtió la pertenencia en delito, creó un Tribunal Especial y obligó a los afiliados a presentar en dos meses una declaración-retractación con profesión de fe católica. El tribunal funcionó hasta 1963.
¿Es legal hoy la masonería en España?
Sí. Volvió a serlo con la Constitución de 1978 y el derecho de asociación. Las obediencias actuales —Gran Logia de España, Gran Oriente de España, Federación Española de Le Droit Humain— son organizaciones registradas, con sedes conocidas, y reúnen a unos pocos miles de miembros en todo el país.
¿Dónde se puede comprobar si alguien fue masón en España?
En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que custodia la documentación masónica incautada tras la guerra. Es la mayor fuente existente sobre la materia y es de consulta pública. Solo debería darse por bueno lo que conste en un registro de logia o lo que el interesado reconociera.
¿La condena católica depende de la historia española?
No, y es lo importante. Es de 1738, cuando en España la masonería apenas existía, y sigue vigente en la respuesta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del 13 de noviembre de 2023. No depende de ninguna época, de ninguna guerra ni de ninguna ley civil: es doctrinal.
Fuentes
- Clemente XII, constitución In eminenti apostolatus specula, 28 de abril de 1738.
- Benedicto XIV, constitución Providas Romanorum, 18 de marzo de 1751.
- León XIII, encíclica Humanum genus, 20 de abril de 1884 (vatican.va).
- Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre las asociaciones masónicas, 26 de noviembre de 1983 (vatican.va).
- Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo, BOE de 2 de marzo de 1940 (boe.es).
- Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, BAC, 1961.
- Félix Sardá y Salvany, Masonismo y Catolicismo (nuestra edición).
- Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca: fondos masónicos incautados.