Santiago Carrillo y Paracuellos: qué firmó y qué no respondió nunca
Por Marcos Vera PérezSantiago Carrillo murió en 2012 cubierto de homenajes, condecorado, convertido en símbolo de la reconciliación nacional. Nunca respondió por noviembre de 1936. Conviene recordar, sin adjetivos, qué cargo ocupaba aquel mes y qué dependía de ese cargo.
¿Qué cargo tenía Santiago Carrillo en noviembre de 1936?
El 6 de noviembre de 1936 el Gobierno de la República abandonó Madrid y se instaló en Valencia. En la capital quedó una Junta de Defensa, y dentro de ella la llamada Consejería de Orden Público, de la que quedaba vinculada la suerte de los presos.
Al frente de esa Consejería de Orden Público figuraba Santiago Carrillo, de las Juventudes Socialistas Unificadas. Como delegado de Orden Público —cargo equivalente, dentro de la Junta, al de director general de Seguridad— actuaba Segundo Serrano Poncela.
Serrano Poncela presidía un Consejo creado en la Dirección, integrado entre otros por Manuel Rascón Ramírez, Manuel Ramos Martínez, Ramón Torrecilla Guijarro, Santiago Álvarez Santiago, Félix Vega, Arturo García La Rosa y Juan Alcántara.
Ese es el organigrama. No es una acusación: es el que figura en la documentación.
¿Qué pasó mientras ocupaba ese cargo?
Entre el 7 de noviembre y los primeros días de diciembre, miles de presos salieron de las cárceles de Madrid —Modelo, San Antón, Porlier, Ventas— en camiones, con destino declarado a Alcalá de Henares o con orden de puesta en libertad, y fueron fusilados en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.
El delegado de la Cruz Roja Internacional, doctor Henry Henny, invocó el Convenio de Ginebra y obtuvo del Gobierno la lista nominal de los presos salidos el 7 de noviembre. De los 1.600 nombres, solo 300 llegaron a Alcalá. Solo de la cárcel Modelo salieron ese día 970 presos.
Hay una circunstancia que conviene no pasar por alto: el 14 de noviembre, con las fosas ya abiertas, la prensa publicó una declaración de la propia Junta de Defensa asegurando que bajo su custodia los presos eran bien tratados y sometidos a un enjuiciamiento plenamente legal.
¿Qué documentos se conservan?
Los suficientes. En la Causa General figuran fotocopiadas órdenes de traslado con las firmas de Manuel Muñoz, director general de Seguridad; Vicente Girauta Linares, subdirector; y Serrano Poncela, delegado de Orden Público.
Y hay una pieza que basta por sí sola. Un documento firmado por Serrano Poncela ordena la libertad de 46 presos citados uno por uno. Dieciséis de ellos eran religiosos. Los dieciséis fueron fusilados en la saca del 28 de noviembre.
No hay aquí ambigüedad posible. Escribir «libertad» sobre una lista de hombres que van a ser fusilados esa misma noche no es un error administrativo ni un exceso de subalternos: es el modo de dejar el papel limpio. Montero Moreno lo llama por su nombre: se dio a aquella matanza un carácter vergonzante, escamoteando cínicamente la verdad.
En otros casos el procedimiento era aún más directo: al director de la cárcel se le presentaba un volante ya firmado por la autoridad superior, y los portadores —policías y milicianos— escribían delante de la firma, por su propia iniciativa y dentro de la misma cárcel, los nombres del traslado.
La defensa habitual, y por qué no se sostiene
«Carrillo no firmó ninguna orden de fusilamiento.» Cierto: las firmas conservadas son de Muñoz, Girauta y Serrano Poncela. Pero la responsabilidad de un consejero de Orden Público no consiste en firmar cada papel, sino en responder de lo que hace la consejería que dirige. Si de su cargo dependía la suerte de los presos —y dependía—, la pregunta no es qué firmó, sino qué ordenó averiguar y qué ordenó parar. La respuesta consta: nada.
«Fue un desbordamiento incontrolable.» Un desbordamiento no tiene listas preparadas con días de antelación, ni transporte, ni piquetes, ni fosas cavadas antes de la llegada de los camiones, ni órdenes escritas de libertad para encubrir lo que se iba a hacer. Todo eso consta. Lo incontrolable es lo contrario de lo administrado.
«Era la guerra.» Entonces habría que explicar por qué, entre aquellos presos, había 69 agustinos, 23 hermanos de San Juan de Dios, 14 oblatos, 12 hermanos de La Salle, 8 dominicos y 6 escolapios, ninguno de los cuales tenía fusil ni mando ni trinchera.
¿Por qué importa esto hoy?
Porque la Ley de Memoria Democrática se presenta como una operación de verdad y de reparación, y hay una parte de aquella verdad a la que nunca se acerca. En los actos oficiales no se nombra Paracuellos. En los presupuestos de memoria no hay una partida para los 6.832 consagrados asesinados en España entre 1936 y 1939. Y el hombre que dirigía Orden Público en Madrid el mes de las sacas murió sin que ninguna institución del Estado le hiciera una sola pregunta.
Eso no es reconciliación. Es una memoria con un lado recortado.
¿De dónde salía aquel odio?
No de la política. La política discute, reprime, encarcela, incluso mata; pero no exige a un hombre que blasfeme antes de dispararle, ni da por concluido un interrogatorio en cuanto el detenido confiesa que es sacerdote —que es exactamente lo que ocurrió con don Emilio Franco Prieto, párroco de San Ramón del Puente de Vallecas, juzgado en San Antón días antes de morir en Paracuellos.
Ese rasgo tiene su origen en la doctrina misma, y está documentado en los papeles de juventud de su fundador. Karl Marx no escribió que Dios no existiera: escribió que quería vengarse de Él y edificar su trono en lo alto, que es la jactancia de Lucifer en Isaías 14,13. Quien reunió y cotejó esas pruebas fue Richard Wurmbrand, catorce años preso en las cárceles comunistas de Rumanía, tres de ellos en aislamiento, en «Karl Marx y las raíces satánicas del comunismo».
La cadena de mando, eslabón por eslabón
Conviene ordenar quién estaba dónde, porque es lo que decide el asunto y es lo que suele contarse en desorden.
El 6 de noviembre de 1936, el Gobierno de la República abandona Madrid y se traslada a Valencia. Deja la ciudad en manos de una Junta de Defensa presidida por el general Miaja.
En esa Junta, la Consejería de Orden Público —de la que dependían directamente las cárceles y el traslado de presos— se adjudica a Santiago Carrillo, de las Juventudes Socialistas Unificadas. Tenía veintiún años.
Como delegado suyo en esa consejería figura Segundo Serrano Poncela, y es de su firma de donde salen las órdenes de excarcelación.
Las sacas empiezan al día siguiente de constituirse la Junta y se prolongan durante las semanas siguientes.
Puesto así, el problema de la defensa habitual salta a la vista: no se trata de saber si Carrillo apretó un gatillo —nadie lo ha sostenido nunca—, sino de que los presos salieron de unas cárceles que dependían de su consejería, con papeles firmados por su delegado, durante las semanas en que él ocupaba el cargo. Esa es la cuestión, y es la que la defensa nunca aborda de frente.
Preguntas frecuentes
¿Qué cargo tenía Santiago Carrillo en Paracuellos?
Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid desde el 6 de noviembre de 1936, órgano del que dependía la suerte de los presos de las cárceles de la capital.
¿Quién era Segundo Serrano Poncela?
Delegado de Orden Público bajo Carrillo, cargo equivalente al de director general de Seguridad dentro de la Junta. Su firma aparece en las órdenes conservadas, incluida la que ordena la «libertad» de 46 presos de los que dieciséis religiosos fueron fusilados el 28 de noviembre.
¿Cuántos murieron en las sacas de noviembre de 1936?
No hay cifra cerrada. El dato mejor documentado es el de la Cruz Roja Internacional: de 1.600 presos sacados el 7 de noviembre, solo 300 llegaron a su destino declarado.
¿Se juzgó a alguien por Paracuellos?
No. Ninguno de los responsables de la Consejería de Orden Público respondió jamás ante un tribunal por aquellas sacas.
¿Qué era la Junta de Defensa de Madrid?
El órgano que quedó al mando de la capital cuando el Gobierno de la República la abandonó el 6 de noviembre de 1936 y se trasladó a Valencia. La presidía el general Miaja, y en ella la Consejería de Orden Público —de la que dependían las cárceles y el traslado de presos— se adjudicó a Santiago Carrillo, que tenía veintiún años.
¿Por qué no basta decir que Carrillo no disparó?
Porque nadie lo ha sostenido. La cuestión es otra: los presos salieron de unas cárceles que dependían de su consejería, con órdenes de excarcelación firmadas por su delegado Segundo Serrano Poncela, durante las semanas en que él ocupaba el cargo. Eso es lo que la defensa habitual nunca aborda de frente.
Fuentes
- Causa General, Archivo Histórico Nacional (ES.28079.AHN/2.2.2.1), en el Portal de Archivos Españoles: allí están las órdenes de traslado y las firmas que se citan aquí.
- Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939 (BAC, 1961), la obra de referencia sobre la persecución.
- Sébastien Farré, El Comité Internacional de la Cruz Roja y las matanzas de Paracuellos del Jarama, los informes que el delegado Georges Henny envió a Ginebra.
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«Karl Marx y las raíces satánicas del comunismo», de Richard Wurmbrand (181 páginas, 17 €). La primera edición en español, publicada por esta editorial.
Marcos Vera Pérez
Datos: Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, cap. XIV; La dominación roja en España. Causa general.